Alberto Fernández asigna a los movimientos sociales oficialistas el 30% de toda la obra pública que no supere los $300 millones

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La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) le había solicitado al Presidente ese beneficio. Está incluido en el mismo decreto que prohíbe incorporar a más beneficiarios a programas como el Potenciar Trabajo

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto 728 a través del cual beneficia de manera directa a las cooperativas de trabajo que dependen de los movimientos sociales oficialistas, al otorgarles el 30 por ciento “de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000″.

Ese monto, de acuerdo al artículo cuarto del decreto, “será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”. El beneficio era reclamado desde hacía meses por los principales dirigentes populares que son funcionarios en varios ministerios, como el de Desarrollo Social y Trabajo. Primero intentaron que sea aprobado a través del Congreso en forma de ley, pero al chocar con la voluntad de un buen número de diputados y senadores, se decidió tomar el atajo del decreto.

En los fundamentos se destaca que “es fundamental para el Gobierno Nacional impulsar políticas que generen empleo genuino, para lo cual es necesario adoptar medidas para atender y prevenir la vulnerabilidad laboral, cuyas consecuencias más visibles son, entre otras, la indigencia, la pobreza y la exclusión social.

El decreto no aclara que tipo de controles existirán sobre los trabajos que se realizarán bajo esta contratación que se abonarán con fondos públicos, ni quien evaluará los antecedentes de las cooperativas de trabajo ni de quienes realizarán las tareas.

Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita y secretario gremial de la UTEP y Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos Barrios de Pie, y subsecretario de Políticas de Integración y Formación, del ministerio de Desarrollo Social; le dijeron a Infobae que las cooperativas de la economía popular participarán en obras vinculadas, sobre todo, a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registra Nacional de barrios Populares (ReNaBaP); en obras de infraestructura social, de agua luz y gas; mejoramiento de centros deportivos y habitacionales.Fragmento del decreto que asigna un porcentaje de obra pública a las cooperativas de organizaciones socialesFragmento del decreto que asigna un porcentaje de obra pública a las cooperativas de organizaciones sociales

“El decreto es una forma de dar vuelta la página de los planes y transformarlos en trabajo genuino. Se fortalece los esquemas que tienen que ver con la entrega de maquinarias y herramientas que otorga el ministerio de Desarrollo Social y empleo vinculado con la obra pública de pequeña escala que no requieren grandes maquinarias”, explica a este medio Menéndez y detalla que las cooperativas sociales accederán a “obras pequeñas que tienen que ver con refaccionar edificios públicos, la urbanización de barrios, trabajos albañilería, de alcantarillado”.

Según los arquitectos consultados por este medio, uno de ellos empleado de planta en Obras Públicas, puso en valor y dimensión que magnitud puede tener una obra pública de hasta trescientos millones de pesos: representa, por ejemplo, la construcción de una 30 o 35 viviendas de entre 50 y 60 metros cuadrados en un barrio popular.

Claro que también por ese monto se puede cambiar el cableado de un edificio público mediano, realizar la pavimentación de calles, el tendido de red eléctrica o de caños cloacales. En casos específicos el personal de las cooperativas deben poseer capacitaciones adecuadas para desarrollar los trabajos, además de conocimiento y experiencia.