Los pases a planta que el Ejecutivo comenzó a decretar semanas atrás se discuten en el Poder Judicial y Poder Ejecutivo: hay amparos y medidas cautelares que están bajo la jurisdicción del Superior Tribunal de Justicia y, además, para este miércoles se prevé una sesión crucial en la Legislatura, donde el oficialismo intentará ratificarlos mediante una Ley.

A través de una reciente presentación del Gobierno, con la firma del ministro de Economía, Santiago Pérez Pons, y representado por el abogado Paulo Pereyra, se solicitó al Superior Tribunal de Justicia que declare la nulidad de las dos medidas cautelares emitidas por el juez Civil y Comercial Nº 17 de Resistencia, Orlando Beiranavicius.

En concordancia con el sindicato UPCP , el Ejecutivo impulsó una acción de amparo y pidió una medida cautelar excepcional para suspender los efectos de las medidas cautelares, acudiendo al STJ en lugar de otra instancia. Argumentan que los decretos en cuestión son el resultado de una orden legal y «no constituyen actos discrecionales». Por lo tanto, el Gobierno considera que el juez Beiranavicius «ha omitido la normativa vigente y aplicable», lo que lo califican como un asunto de «gravedad institucional».

Este miércoles también será una jornada crucial en la Cámara de Diputados. Este lunes, la Comisión de Hacienda emitió un dictamen favorable con los votos del oficialismo y el apoyo del Frente Integrador para ratificar los decretos del Poder Ejecutivo que establecen el marco para el plan de regularización laboral en la Administración Pública.

El proyecto de Ley hace referencia al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en marzo de este año y señala que los decretos en cuestión forman parte de una «regularización transparente, ordenada y respetuosa de las cualidades, idoneidades y antecedentes de los contratados de servicios. Muchos de estos empleados, al no encontrar respuestas en el ámbito estatal, han iniciado acciones judiciales de amparo para obtener el tan ansiado reconocimiento de su estabilidad laboral y condiciones de trabajo adecuadas». En este sentido, se cuestiona la decisión del juez Beiranavicius, ya que se considera que las medidas cautelares «causan un perjuicio irreparable a quienes ven peligrar su situación laboral».

En los corrillos judiciales circuló una versión indicando que, si la Legislatura aprueba esta ley, quedaría subsanado el error que marcó el Fiscal de Estado, Roberto Alejandro Herlein, en la acción de inconstitucionalidad que presentó ante el máximo tribunal de la provincia. Sin embargo, esta versión no pudo ser confirmada oficialmente.

Es importante recordar que el 18 de octubre pasado, Herlein promovió una acción en relación con el Decreto 2656/23 , firmado el 28 de septiembre, en el cual se estableció un Concurso de Antecedentes para el Personal Transitorio y Contratos de Locación de Servicios. Según este decreto, las designaciones se efectuarán en dos etapas: la primera el 1° de noviembre de 2023 y la segunda el 1° de mayo de 2024. El fiscal cuestionó, en el marco de la legislación vigente que regula el ingreso de personal al servicio público, que el concurso se base sólo en antecedentes y no en antecedentes y oposición, como lo establece la normativa